La Importancia del Derecho Migratorio en la Protección de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad
Por: Diana Berenice Jiménez Alanís
Mientras que para cualquier individuo el proceso de migración implica numerosos desafíos, para aquellos con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, estos retos se multiplican exponencialmente. Enfrentan no solo las barreras típicas como el idioma, la cultura o la discriminación, sino también obstáculos físicos en el tránsito, falta de accesibilidad en los servicios migratorios, y una escasez crítica de atención médica especializada. Esta situación convierte su viaje en una experiencia aún más traumática y peligrosa, limitando severamente sus posibilidades de integración y bienestar en los países de destino. La “condena” a la que se refiere la frase refleja cómo los sistemas migratorios actuales, al no considerar adecuadamente las necesidades específicas de este grupo vulnerable, perpetúan un ciclo de marginación y violación de derechos fundamentales.
El derecho migratorio es una rama jurídica fundamental que regula los flujos de personas entre países. Establece normativas para las condiciones de ingreso, permanencia y protección de los migrantes, garantizando el respeto a sus derechos humanos. Su aplicación adecuada evita que las políticas migratorias se conviertan en mecanismos de exclusión o discriminación.
Históricamente, la movilidad humana ha sido una constante impulsada por factores económicos, políticos y sociales. Sin embargo, hoy enfrenta desafíos como legislaciones restrictivas, políticas de contención y falta de protección para grupos vulnerables. Entre ellos, las personas con discapacidad sufren una doble marginación: por su condición y por sistemas migratorios que no garantizan accesibilidad ni trato adecuado.
A pesar de instrumentos internacionales como la Convención sobre los Derechos de los Migrantes y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, muchos países no armonizan su normativa con estos estándares. La ausencia de intérpretes en procedimientos administrativos, la infraestructura inaccesible en estaciones migratorias y la negación de asilo por motivos de “salud” evidencian violaciones sistemáticas. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el 15% de la población mundial vive con discapacidad, y muchos migran sin garantías. El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) reporta que el 75% de los refugiados con discapacidad carece de asistencia humanitaria adecuada y condiciones seguras de tránsito.
Frente a esto, el derecho migratorio debe evolucionar hacia la inclusión y la justicia. Los Estados deben armonizar su legislación con tratados internacionales, implementando mecanismos de asistencia especializada en trámites migratorios y asilo. Además, centros de detención y albergues deben adaptarse para garantizar condiciones dignas y accesibles.
El derecho migratorio no puede ser una herramienta de exclusión. Sin mecanismos especializados, la migración seguirá siendo una barrera infranqueable para quienes más necesitan protección. Es responsabilidad de los Estados y la comunidad internacional construir políticas inclusivas que aseguren la dignidad y los derechos de todas las personas en movilidad.